Encuentro la noticia en La Pastilla Roja y la complemento con la información extensa de estandaresabiertos.org y el comentario sobre cómo Andalucia se adelantó a los daneses.

Pues bien, resulta que en Dinamarca se ha aprobado por unanimidad que desde el gobierno se usen estándares abiertos (que definen como aquellos cuya definición sea pública, accesible y su implementación no tenga limitaciones. Además deberá ser mantenido por foros abiertos, como las organizaciones de estandarización). Y todo esto con fecha "no más tarde que el 1 de enero de 2008". Todas las comunicaciones con los ciudadanos, con estándares abiertos. Eso es buenacosa.

Por otro lado, esto mismo ya se está moviendo en Andalucía, y como bien dice Juantomás García. Y en este aspecto, un compromiso de la Junta de Andalucía, suele cumplirse. En la II Conferencia Internacional de Software Libre de Málaga, a la que tuve el placer de asistir, todos los asistentes al acto de inauguración pudimos oir a Francisco Vallejo decir que desde el Gobierno Andaluz se promovería el uso de estándares abiertos (además del Software Libre) para que cualquier comunicación con los ciudadanos no los obligara ni directa ni indirectamente a usar un Software Privativo determinado.

¿Qué quiere decir todo esto? Pues que en lo que se refiere a las comunicaciones Administración-Ciudadano (en Massachussets, Andalucía y Dinamarca), a Microsoft se le acabó el chollo de tener un estándar de facto. Si quiere que la gente abra los documentos con sus aplicaciones, tendrá que soportar Open Document, porque hoy por hoy es el único estándar internacional aprobado por la Organización Internacional de Estandarización. ¿Y no es esto obligar a que los usuarios usen Open Office? En absoluto, porque Open Document lo puede implementar quien quiera. Evidentemente sus promotores son los primeros en soportarlo, pero hay otras aplicaciones que también lo soportan, ¡y está haciéndose incluso para MAC! Microsoft también podría hacerlo, si quisiera, de hecho, sus usuarios se lo piden. Pero ellos sabrán lo que quieren hacer.
Es curioso como una exigencia legislativa de este tipo, que implica "quitar libertad a la administración", proporciona tantísima libertad a los usuarios, que ahora sí, podrán elegir, el software, el sistema operativo e incluso la máquina con la que abren sus documentos